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Madrid y los profesores, breve historia de un largo desencuentro

profesores madrid

Enésimo asalto en el combate que mantienen la Comunidad de Madrid y el colectivo de profesores. El presidente regional, Ignacio González, ha avanzado que van a plantear al Ministerio de Educación la necesidad de ampliar el acceso a las pruebas de maestro a titulados universitarios que no hayan recibido formación específica de Magisterio. Es decir, que historiadores o filólogos podrían aspirar directamente a una plaza en la función pública con esta medida dirigida a mejorar la calidad de los docentes. Una propuesta que los sindicatos de la Mesa Sectorial han tildado de “retroceso”, “despropósito” y “desprecio” a la profesión docente.

Campaña de sensibilización

Lejos han quedado aquellos finales del año 2010, cuando la Comunidad de Madrid anunciaba (mes de octubre) la “primera campaña de respeto y apoyo al profesorado”, una medida enfocada a “prestigiar la figura del profesor, fomentar el respeto y apoyar su importante tarea”. Miles de anuncios en televisión, cine, radio y medios escritos. Una campaña de sensibilización por todo lo alto.

Poco quedó después de aquella concordia. Un correo electrónico, anunciado en el mes de diciembre, dirigido a los 40.000 profesores de centros públicos para explicar el presupuesto de Educación en 2011 y el alcance del recorte salarial del 5 por ciento decidido por el Gobierno de Zapatero. Otro correo para felicitarles por los datos del informe PISA de aquel año… La calma se agotaba al mismo tiempo que se gestaba la tempestad.

Horario lectivo

El 4 de julio de 2011 se publicaban las instrucciones para el curso escolar 2011/2012, que incluían el aumento del horario lectivo de los profesores en dos horas (de 18 a 20 semanales) y exponían a más de 3.000 interinos a las listas del paro, según denunciaban los docentes. Y de aquella tempestad nació la Marea Verde. Huelgas, manifestaciones, encierros y hasta conciertos se sucedieron en los meses siguientes, hasta desembocar en una huelga general en la enseñanza pública en mayo de 2012, una vez que los recortes se extendieron a toda España con la llegada del equipo de Mariano Rajoy al Gobierno.

Errores de bulto

En enero de 2013, la consejera Lucía Figar anunciaba cambios en las oposiciones al cuerpo de maestros que se convocaran en la región. La experiencia y los méritos adquiridos quedaban relegados a un segundo plano, mientras que la nota obtenida en el examen de oposición contaría un 80%. Para “seleccionar a los mejores”, argumentaba. Otra guerra abierta que tenía otro punto álgido en la publicación de un anecdotario, en marzo de 2013, con los errores en exámenes de los candidatos a oposiciones a maestro en 2011, distribuido por la propia Consejería de Educación.

Respuestas a preguntas del nivel de un alumno de 12 años que, más que errores, contenían auténticas aberraciones y ponían en seria tela de juicio el prestigio del profesorado. Porque el informe iba acompañado de un dato preocupante: un 86% de los aspirantes a ocupar una plaza en un centro público de la región no aprobó la prueba eliminatoria de conocimientos generales.

En los tribunales

En el mes de junio, los sindicatos docentes llevaban a los tribunales el decreto de regulación de listas de interinos, el que modificaba los baremos de contratación de profesores en las escuelas públicas. En el mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) archivaba otra denuncia, interpuesta por el sindicato UGT en noviembre, por prevaricación contra la ex presidenta regional Esperanza Aguirre y la consejera de Educación por contratar a 28 profesores extranjeros sin oposiciones previas para los colegios bilingües de la región. Dos muestras de la progresiva judicialización de la Educación en Madrid.

Así las cosas, las oposiciones han seguido levantando polvo. Los resultados cosechados por los aspirantes de junio de 2013 no diferían en exceso de los de 2011. El 72,4 por ciento suspendió la primera prueba de conocimientos generales. A raíz de ello, la Comunidad de Madrid ha acordado con todas las universidades públicas y privadas de la región, a excepción de la Complutense, la reforma de los planes de estudio de Magisterio, proceso que ha derivado en la firma de un convenio dirigido a aumentar el nivel de los estudiantes que accedan al Grado de Magisterio, a coordinar la mejora de los contenidos de los planes de estudio y a consolidar la calidad de las pruebas de acceso a la función pública de maestro.

Nuevas exigencias

El acuerdo recoge la implantación de una prueba específica conjunta que deberán superar todos los aspirantes a Magisterio y que tendrá como objetivo valorar los conocimientos y competencias imprescindibles. Hasta su implantación, se considerará aprobada si los candidatos logran en la Selectividad una nota mínima de 5 en Lengua o una media final de 9 sobre 14.